En un nuevo vuelco judicial dentro del marco de la investigación por los convenios entre instituciones del Estado y fundaciones privadas, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago ha resuelto su incompetencia territorial en el caso Democracia Viva. Esta decisión redirige el foco de la acusación criminal hacia el norte de Chile, donde se originaron los primeros contratos cuestionados.
- La magistrada determinó que el tribunal competente es el Juzgado de Garantía de Antofagasta, lugar donde se suscribió el primer convenio el 1 de julio de 2022.
- La causa agrupa las investigaciones de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo bajo cargos de fraude al fisco y lavado de activos.
- En caso de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta insista en su postura previa de trasladar el caso a la capital, la contienda de competencia deberá ser resuelta por la Corte Suprema.
Impacto en la fiscalización de proyectos urbanos en Chile
Este escenario judicial pone de manifiesto la creciente complejidad en la administración y supervisión de fondos públicos destinados a proyectos de urbanismo y vivienda social en el país. El traslado de la competencia judicial subraya la importancia del rigor administrativo y territorial en la ejecución de contratos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Para el mercado inmobiliario y el sector construcción, la transparencia en el origen y ejecución de estos fondos es fundamental para mantener la confianza en las alianzas público-privadas y en el desarrollo de proyectos de infraestructura social en regiones.
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Noticia original: La Tercera - Juzgado de Santiago se declara incompetente en Democracia Viva
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