La arista judicial del denominado 'Caso Convenios' ha tomado un nuevo giro procesal relevante para la transparencia en la gestión de proyectos públicos y urbanos. El 8° Juzgado de Garantía de Santiago ha resuelto declararse incompetente para tramitar la causa que involucra a las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo, determinando que los antecedentes deben retornar a la jurisdicción de Antofagasta.
- La decisión se basa en el Código Orgánico de Tribunales, que establece la competencia en el lugar donde se inicia la ejecución del primer delito, situado en este caso en la Seremi de Vivienda de Antofagasta en julio de 2022.
- La investigación conjunta agrupa acusaciones por doce delitos de fraude al fisco y dos de lavado de activos vinculados a convenios de habitabilidad.
- De persistir la discrepancia entre las cortes de apelaciones de ambas ciudades, la Corte Suprema será la encargada de dirimir la contienda de competencia definitiva.
Impacto en el mercado de proyectos urbanos y habitacionales
Este escenario judicial subraya la importancia crítica de la fiscalización y el control técnico en la ejecución de convenios vinculados al desarrollo urbano y habitacional en Chile. Para el mercado inmobiliario y de construcción, la claridad en los procesos de asignación y seguimiento de recursos es fundamental para mantener la confianza institucional. La correcta evaluación de proyectos y la verificación de avances de obra no solo son mecanismos de prevención de fraude, sino herramientas esenciales para garantizar que la inversión, tanto pública como privada, cumpla con sus objetivos de impacto social y estándares técnicos exigidos por la normativa vigente.
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Noticia original: Juzgado de Santiago se declara incompetente en Democracia Viva y devuelve el caso a Antofagasta
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