La reciente introducción del Decreto N°68 por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha generado un intenso debate en el sector inmobiliario y las administraciones locales. Esta modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) busca dinamizar el sector y enfrentar la crisis habitacional mediante cambios profundos en las normativas de edificación y densidad.
- Reducción del coeficiente de habitantes por vivienda de 4 a 1,4, lo que permitiría casi triplicar el número de departamentos en una misma superficie.
- Flexibilización en la dotación de estacionamientos, autorizando una disminución de hasta el 50% en las exigencias actuales.
- Tensión normativa entre las facultades del gobierno central y la autonomía de los Planes Reguladores Comunales (PRC) defendida por diversos alcaldes.
Impacto en el mercado inmobiliario y la valoración de activos
Desde una perspectiva técnica y comercial, este decreto altera radicalmente las proyecciones de rentabilidad y el valor del suelo urbano. La posibilidad de densificar áreas que anteriormente tenían restricciones estrictas abre oportunidades para desarrollos masivos, pero también impone un desafío en la valoración de activos existentes. Un aumento desmedido en la oferta de unidades pequeñas podría saturar ciertos submercados, afectando la plusvalía a largo plazo y la calidad de vida urbana, factores críticos que todo inversionista y tasador debe considerar en el escenario de 2026.
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