La implementación de la Ley 21.364 marca un hito en la forma en que Chile aborda la seguridad territorial, pasando de un modelo de reacción ante emergencias a una gestión integral del riesgo. Este cambio normativo no solo reestructura la institucionalidad con la creación del SENAPRED, sino que impone nuevas exigencias técnicas para la protección de la infraestructura y el desarrollo urbano frente a fenómenos climáticos extremos.
- Creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) en reemplazo de la Onemi, con mayores facultades fiscalizadoras.
- Establecimiento de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) en niveles nacional, regional, provincial y comunal.
- Obligatoriedad de planes de reducción de riesgos y mapas de vulnerabilidad técnica para todos los municipios del país.
Impacto en la valoración de activos y el desarrollo inmobiliario
La nueva normativa de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) redefine el valor de los activos en zonas vulnerables. Al exigir mapas de riesgo precisos y planes de mitigación a nivel comunal, el mercado inmobiliario y de infraestructura se enfrenta a una mayor rigurosidad en la evaluación de proyectos. La identificación temprana de amenazas climáticas ya no es opcional, sino una variable crítica para la viabilidad económica, la seguridad de la inversión y la continuidad operacional de cualquier activo físico en el territorio nacional.
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Noticia original: https://www.infraestructurapublica.cl/gestion-de-riesgo-de-desastres-anatomia-de-la-ley-21-364-frente-al-sistema-frontal-en-chile/
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