La reciente actualización sobre la situación de la megatoma de San Antonio, entregada por el Ministerio de Vivienda, pone de manifiesto la complejidad técnica y legal que enfrentan los activos inmobiliarios en zonas de alta vulnerabilidad. En Transsa, observamos con atención cómo estas dinámicas de ocupación irregular afectan directamente la valoración, la planificación territorial y la seguridad jurídica de los terrenos a nivel nacional.
- Proyección de al menos 14 procesos de desalojo gradual durante la presente administración para restituir el Estado de Derecho en terrenos ocupados.
- Denuncia de la operación de grupos de crimen organizado que mantienen el control territorial y dificultan la recuperación de los activos.
- Cuestionamientos técnicos a procesos de expropiación previos que habrían favorecido la consolidación de ocupaciones ilegales por sobre el orden habitacional regular.
Impacto en el Mercado y la Valoración de Activos
Las ocupaciones irregulares de gran escala no solo generan un problema social urgente, sino que alteran profundamente el mercado de suelos y la plusvalía de los sectores circundantes. La incertidumbre sobre la restitución de la propiedad y las críticas a las metodologías de expropiación resaltan la necesidad de contar con análisis de mercado exhaustivos y tasaciones rigurosas. Es imperativo que tanto las soluciones estatales como las decisiones de inversión privada se basen en datos objetivos que reflejen la realidad jurídica y física de los terrenos, evitando que situaciones de hecho distorsionen el valor real de los activos urbanos y agrícolas en el país.
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