El sistema de concesiones en Chile atraviesa una fase crítica de análisis técnico tras revelarse que el Estado proyecta recaudar cerca de $2,7 billones a través de contratos de segundas concesiones, operando bajo mecanismos que mantienen las tarifas de peaje para financiar otras obras públicas y proyectos de infraestructura. Esta recaudación, que en algunos tramos representa casi la mitad del valor del peaje pagado por el usuario, redefine la relación económica entre las concesionarias, el fisco y la valoración de los activos viales.
- Inclusión de cláusulas de compartición de ingresos de hasta el 100% en plazas específicas como las de la Ruta 60 (Quilpué y Troncal Sur).
- Implementación de cobros por infraestructura preexistente en tramos clave de la Ruta 5 y Ruta 78, actuando como un canon de arrendamiento del activo estatal.
- Extensión de los plazos de concesión basados en el Valor Presente de los Ingresos (VPI), lo que supedita la duración del contrato al flujo de tráfico real y la recaudación acumulada.
Análisis del Valor de Activos en Infraestructura Vial
Este escenario subraya la importancia de una valoración precisa de los activos de infraestructura en el mercado chileno. El cobro por concepto de 'infraestructura preexistente' y 'derechos de llave' demuestra que las carreteras han pasado de ser meras obras civiles a activos financieros complejos cuya valoración técnica es determinante para la viabilidad de las licitaciones. Las actuales disputas legales entre concesionarias y el Ministerio de Obras Públicas, centradas en la nulidad de pagos por falta de peritajes obligatorios, resaltan la necesidad crítica de contar con auditorías y evaluaciones de activos independientes y rigurosas para mitigar riesgos financieros y operativos.
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Noticia original: ¿Promesa incumplida?: el "impuesto encubierto" por $2,7 billones que los chilenos no saben que pagan
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