La reciente investigación periodística sobre la construcción del Centro de Justicia de Los Ángeles pone bajo la lupa una serie de decisiones administrativas y financieras que han generado controversia en el sector de la infraestructura pública chilena. El caso destaca por la adjudicación de un contrato multimillonario bajo condiciones que desafían los estándares habituales de licitación y control de proyectos.
- Adjudicación mediante trato directo por $26.889 millones a una empresa previamente rechazada en licitación pública por falta de experiencia técnica.
- Un sobrecosto del 85% respecto al presupuesto original, excediendo los recursos disponibles en más de $12.300 millones al momento de la firma.
- Pagos adicionales por casi $600 millones debido a retrasos administrativos en la respuesta de requerimientos de información técnica durante la obra.
Impacto en la gestión de infraestructura y fe pública en el mercado chileno
Este escenario evidencia la criticidad de contar con una supervisión técnica independiente y rigurosa en el desarrollo de grandes activos urbanos. En el mercado chileno, donde el alza de costos de materiales y mano de obra ya presiona los presupuestos, la falta de una evaluación de proyectos exhaustiva y el seguimiento de avances de obra pueden derivar en ineficiencias financieras significativas. La flexibilidad en las garantías exigidas y las demoras en la Inspección Técnica de Obras (ITO) no solo aumentan el riesgo fiscal, sino que también afectan la predictibilidad del mercado inmobiliario y de construcción a gran escala.
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Fuente: https://www.ciperchile.cl/2026/08/27/cinco-ministros-supremos-aprobaron-trato-directo-por-26-889-millones-con-constructora-que-habia-sido-rechazada-en-la-licitacion-ese-mismo-dia/
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