Judicialización de Proyectos en Chile: El Gran Desafío para la Certeza Inversora

La creciente preocupación de los principales gremios empresariales en Chile por la judicialización de proyectos de inversión marca un punto de inflexión en la discusión sobre el crecimiento económico y la certeza jurídica necesaria para el desarrollo inmobiliario y minero. En un contexto de estancamiento, los líderes sectoriales denuncian una industria dedicada a impugnar iniciativas, afectando la planificación y el desarrollo de activos críticos en todo el territorio nacional.

• Existen casos críticos como la paralización parcial de Minera Collahuasi y el retraso de siete años del proyecto inmobiliario Maratué debido a impugnaciones posteriores a su aprobación ambiental.
• Se ha detectado el uso instrumental de bots para generar miles de observaciones ciudadanas, como en el proyecto de interconexión Los Cóndores, donde se registraron más de 15.000 comentarios, muchos de ellos repetidos o sin contenido real.
• Gremios como la CChC, CPC y Sofofa advierten que esta incertidumbre técnica y jurídica pone en riesgo más de 150.000 potenciales puestos de trabajo en el país.

Impacto de la judicialización en el mercado inmobiliario y de activos

La incertidumbre jurídica no solo frena el inicio de grandes faenas, sino que afecta directamente la valorización de activos y la viabilidad de carteras de inversión a largo plazo. En un escenario donde los permisos sectoriales y las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) pueden ser impugnados incluso tras años de tramitación, la capacidad de los inversionistas para predecir retornos se ve seriamente comprometida. Esta situación exige una revisión profunda de la transparencia en la participación ciudadana y una institucionalidad que garantice reglas claras y estables para todos los actores del mercado inmobiliario y de construcción.

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