El proceso de reconstrucción en el sector El Olivar de Viña del Mar ha ingresado a una fase crítica tras la presentación de ocho querellas criminales contra altas autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluyendo al ministro y directores regionales. La controversia se centra en la validez de los informes técnicos que sustentan las órdenes de demolición de viviendas sociales destinadas a los damnificados del megaincendio de 2024.
- Presentación de querellas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsificación de instrumento público y fraude al Fisco.
- Conflicto técnico por la demolición de 170 viviendas que presentan estados de avance de obra entre el 95% y 98%, contradiciendo informes de expertos externos.
- Denuncias de paralización de obras basadas en documentos presuntamente falsos, afectando a grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad.
Impacto en el mercado de reconstrucción y gestión de obras públicas
Este escenario judicial pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rigurosidad técnica en la evaluación de proyectos de infraestructura pública y social. Las discrepancias entre los informes del Serviu y evaluaciones de entidades como el IDIEM generan una incertidumbre que no solo retrasa la entrega de soluciones habitacionales, sino que también impacta en la seguridad jurídica de los contratos de edificación y la fe pública en los instrumentos de fiscalización estatal. En proyectos de esta magnitud, contar con peritajes independientes y un control de avance de obra exhaustivo es vital para prevenir perjuicios fiscales y sociales.
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