La delimitación de responsabilidades ante fallas o defectos constructivos en Chile atraviesa un momento de análisis jurídico profundo, centrado en la convivencia entre la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC). Este debate no solo afecta a los departamentos legales de las empresas, sino que redefine los riesgos operativos para constructoras e inmobiliarias en el mercado nacional.
- El propietario primer vendedor se mantiene como el centro de imputación patrimonial por excelencia en la LGUC, respondiendo por daños derivados de fallas constructivas.
- Nuevas interpretaciones legales sugieren que el constructor puede ser calificado como "proveedor", permitiendo que los afectados recurran a los Juzgados de Policía Local bajo la Ley del Consumidor.
- El principio "pro consumidor" actúa como criterio interpretativo para ampliar la protección, incluso cuando el constructor no ejerce directamente la venta de las unidades.
Impacto en el mercado inmobiliario y constructivo chileno
La posibilidad de perseguir la responsabilidad del constructor mediante la Ley N°19.496 genera un escenario de mayor exposición para las empresas del sector. Al habilitarse la vía de los juzgados de policía local para reclamar fallas de calidad, los procesos podrían ser más ágiles pero también menos técnicos que en la justicia civil ordinaria. Esto obliga a las constructoras a elevar sus estándares de control de calidad y supervisión técnica durante toda la ejecución del proyecto para mitigar riesgos de litigiosidad que afecten su reputación y patrimonio.
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Fuente original: Diario Constitucional
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